Tras la intención de la dirigencia nacional de Morena por avanzar con el juicio político en contra del gobernador Samuel García, ahora el PRI y PAN preparan a su estructura jurídica para hacer frente al proceso. Buscan alcanzar el desafuero en el mes de agosto, pero entienden que la todo se definirá en la Suprema Corte.
Ha sido la historia reciente de la política regia: licencias estratégicas, reformas constitucionales, vetos del Ejecutivo, ante la polarización de la política, la Corte se erige como un árbitro constante de los avatares locales.
Con las indicaciones de Ariadna Montiel a sus diputados, la oposición acelerará juicio político y se estima que en un mes se desahoguen todos los procesos al interior del Congreso; posteriormente se enviará la resolución al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León y ahí, durante la primera quincena de agosto, se impondrá la inhabilitación al mandatario.
Sin embargo, según pudo conocer LPO, tanto en el Congreso local y Palacio de Cantera alistan que el proceso se eleve a la Corte. De hecho, el Legislativo realizó una sesión extraordinaria para brindar más atribuciones a la presidenta Itzel Castillo respecto a su próximo cabildeo constante en el máximo tribunal; esperan que sea una imagen del conflicto legal en medio del receso legislativo.
“Es para darle las facultades a la presidenta del Congreso para poder contestar cualquier tipo de controversias constitucionales, no queremos que en el receso, a como está calientito el tema, nos agarren fuera de cualquier tema jurídico… lo dejamos abierto por si en la situación que estamos”, declaró el líder panista, Carlos de la Fuente.
Por otro lado, el gobernador Samuel García también alista a su equipo jurídico en Palacio de Cantera para dar revés a la resolución del Poder Judicial estatal y activar sus nexos en el máximo tribunal.
En distintos grupos, principalmente de Morena, consideran que el litigio avanzará hasta la última instancia probablemente a final de año, sin embargo, cualquier embate crítico contra el mandatario de MC, ya sea proveniente de la FGR o la Suprema Corte, será orquestado sí o sí por Palacio Nacional.