De acuerdo al reporte de S&P National Ratings con corte al 13 de mayo, la calificación financiera del gobierno de Nuevo León pasó de “mxA+” a mxA”, lo que significó un retroceso y ya causa preocupación en Palacio de Cantera.
La calificadora, que el Ejecutivo ha usado como referencia en su tendencia positiva, ahora mencionó que la capacidad presupuestal del gobierno estatal es más acotada debido a la falta de Presupuesto 2026 y el gasto realizado en obra pública.
“El 13 de mayo de 2026, bajamos nuestra calificación crediticia de emisor de largo plazo en escala nacional a ‘mxA’ de ‘mxA+’ del Estado de Nuevo León”, compartió S&P National Ratings en su informe.
“La baja de calificación del Estado de Nuevo León refleja nuestra opinión que el gobierno tiene una capacidad más acotada de gestión presupuestaria y financiera, derivado de la falta de aprobación del paquete fiscal 2026. Esto, aunado a altos niveles de gasto en obra pública, han deteriorado el desempeño fiscal del Estado”, agregó.
En otro de sus apartados, señaló la presunta inversión de más de 30,500 millones de pesos en obra pública durante el 2025, lo que ocasionó un déficit de liquidez pese al incremento de ingresos operativos en un 14% respecto al 2024. También alertó de solicitud de deuda de más de 14,600 millones de pesos.
“A pesar de un incremento en los ingresos operativos del 14% en 2025, que dio como resultado un superávit operativo de 12% los ingresos operativos, el gobierno del Estado aceleró el gasto de inversión por encima de nuestras expectativas, ejecutando cerca de $30,564.5 millones de pesos mexicanos en obra pública en 2025”, se detalló en el informe.
“En consecuencia, la posición de liquidez del Estado se debilitó, dado un decremento de efectivo y equivalentes, y el continuo uso de financiamiento bancario de corto plazo, con saldos reportados al cierre de 2025 de 6,829.8 millones de pesos y 7,780.8 millones de pesos, respectivamente”, se alertó.
Tras los factores antes mencionados, la calificadora pronosticó que la tendencia se mantenga hasta el final del sexenio en 2027, esto debido al conflicto con el Congreso local. Consideró, además, que la administración tendrá que recurrir a deuda para concretar la infraestructura ya encaminada.
“Contrario a nuestras expectativas previas, esperamos que la gestión financiera y presupuestaria del gobierno del Estado estará acotada hasta el término de la administración en 2027, dada la tensión entre los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. Por ello, esperamos que el gobierno del Estado mantenga un uso recurrente de financiamiento de corto plazo hasta el término de la administración, para poder financiar obra pública que está en curso”, señala el reporte.